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Candidato al congreso, Eduardo Azabache, propone “MUERTE CIVIL” para personas que integran empresas corruptas

El candidato al Congreso de la República, Eduardo Azabache Alvarado, comentó que es fundamental y necesario un cambio en la Ley de Contrataciones del Estado, pues esta permite que se registren actos de corrupción en las adquisiciones de las entidades públicas.

“La Ley permite que empresas nuevas, se consorcien con empresas grandes, que solo sirven de fachada para ganar una licitación, y como están dispuestas a recibir menos, ese dinero que obtienen, va a servir en parte para pagar una coima a algún funcionario”, expresó Azabache, quien postula al Parlamento con el N° 5 por Alianza para el Progreso (APP).

Como parte de su plataforma de propuestas en la lucha contra la corrupción, Azabache Alvarado adelantó que no solo propondrá el cambio de la Ley de Contrataciones del Estado, sino además que la llamada “muerte civil” alcance a las personas que integran las empresas corruptas.

“Cuando un caso de corrupción es sancionado, no solo debe alcanzar a los funcionarios del Estado, sino a las empresas corruptoras. Estamos planteando, no solo que el Osce prohíba a las empresas corruptas a participar en licitaciones públicas, sino muerte civil para las personas naturales que resulten responsables de actos de corrupción, vengan del sector público o del sector privado. No podemos permitir que empresarios inescrupulosos corrompan a funcionarios y no les pase absolutamente nada, y luego conformen fácilmente, otras empresas que sigan corrompiendo”, afirmó.

Consideró, asimismo, que el Estado debe fortalecer la Contraloría General de la República, con un mayor presupuesto y logística, para que esté presente en cada distrito y provincia del país para cuidar los recursos de todos los peruanos. Eso debe ir acompañado -enfatizó- con la reglamentación de la proporcionalidad de las sanciones administrativas, por parte de la Contraloría. “En el Estado he visto que muchos funcionarios no quieren actuar, porque cometen un error administrativo y lo sancionan con inhabilitación. También debe delimitarse con claridad la línea entre una falta administrativa y un delito penal”, manifestó.

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